La privatización del servicio de agua corriente de Santa Cruz de Tenerife está siendo objeto de una enconada guerra política, en la que la próxima batalla será una denuncia de IU ante la Fiscalía Anticorrupción. El ayuntamiento, mientras, evalúa si la constructora Sacyr, que se quedó con la contrata, ha incumplido las condiciones. Los políticos se quejan del sabor y del precio del agua en la ciudad. Algunos incluso han pedido que se investigue si se han pagado comisiones ilegales.