La Unión Europea (UE) no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF , controlada por la española Repsol. Mientras, el Gobierno argentino ha demorado el anuncio de su decisión sobre el futuro de la petrolera en medio de una intensa ofensiva del Ejecutivo español, arropado por Bruselas.