Entre las principales novedades, Bruselas apuesta por definir claramente quien es un "agricultor activo" y quien no, para evitar que reciban ayudas quienes no tienen en el sector una actividad principal. Los productores que reciban como máximo 5.000 euros al año en ayudas directas quedarán exentos. También plantea poner fin a los criterios históricos con los que se calculan las ayudas directas de los agricultores y que en principio favorecen a los antiguos Estados miembros, como España y Francia.