El Gobierno de Ibarretxe, con su amenaza de recurrir el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) si no se deroga, ha abierto la veda de un malestar latente que ahora puede llegar a la vía judicial, en lo que se refiere a las competencias autonómicas sobre las actuaciones de esta unidad militar. En definitiva, se trata de una discrepancia de fondo sobre quién es la máxima autoridad competente en caso de siniestro, y si los mandos militares estarán por encima de las autoridades autonómicas.