Al igual que hicieron otras ONG europeas que también velan por las libertades civiles, la Comisión de Libertades e Informática afirma que este proyecto de ley no es conforme a los principios de la normativa europea de protección de datos, ni cumple con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad, vulnera el principio de inocencia, e impone una cargas desproporcionadas a las empresas de telecomunicaciones para implantar un sistema cuya eficacia resulta dudosa.