178meneos
Al contrario que la Constitución, los constructores no consideran la vivienda como un derecho
herramientas.blogsome.com/2006/07/18/los-constructores-contr... por cincoLobitos el 18-07-2006 19:04 UTC, publicado el 19-07-2006 19:30 UTC
Obviando que la vivienda es un derecho constitucional, la Asociación de Promotores y Constructores, patronal del sector, considera que “en una economía de mercado, las cosas valen lo que valen y el precio lo fija el mercado“. Esto es lo que han manifestado a raiz de la aprobación del Anteproyecto de la Ley del Suelo, que tachan de intervencionista.
Con lo bien que se vive en el monte, por qué la gente se empeña en despilfarrar en un lujoso piso?
Tendríamos que frenar esta locura, que toda españa se movilice para que no compren ni un solo piso, y que constructores y especuladores se coman su propio "precio fijado por el mercado", cuando lo tengan que vender por la mitad del precio que lo compraron
La diferencia es que, por ejemplo, el derecho a la no discriminación es defendido directamente por el tribunal constitucional; mientras que el derecho a una vivienda, no lo es.
Esto se debe a que en la constitución hay dos (mas bien 3) tipos de derecho. Los derechos declarativos (defendidos por el Tribunal Constitucional y directos sobre los ciudadanos) y los orientativos (indirectos sobre los ciudadanos y directos sobre el Estado).
Así que...lo siento por todos los que creen que es un derecho como la vida, pues no lo es.
Es OBLIGACION de los poderes públicos crear las condiciones para el ejercicio del derecho a la vivienda, y ademas para impedir la especulación en torno a ella.
Esto es lo que los promotores están tratando de evitar, que se legisle ("intervenga") para garantizar ese derecho.
La interevención pública es muy ineficiente y en este caso no es menos. Al fin y al cabo, los sobornos millonarios que deben pagar los contructores a los concejales de turno, no los van a pagar ellos, sino sus clientes.
Lo que se necesita es liberalizar el suelo. Entonces ya veríamos si bajan los pisos o no.
Ahora, yo discrepo profundamente de tu opinión, cuanta más vivienda barata (protegida) se construya, tanto mejor.
Cuanta más libertad se de a los poderosos (lease liberalización del suelo) tanto peor.
A las pruebas me remito.
¿Y no deberíamos tener más derecho sobre la comida o el agua y resulta que ni están subvencionadas ni tienen los precios fijados, ni tienen leyes intervencionistas ni nada de nada?
En una economía de mercado, efectivamente, las cosas valen lo que valen.
A pesar de todo lo anterior, si la vivienda se ha disparado como lo ha hecho es porque el Estado ha intervenido más de lo conveniente y no precisamente con acciones que hayan abaratado los precios...
El agua tiene precios fijados.
La comida, si no tienes para comer, hay comedores dónde te la dan gratis.
Por supuesto que hay deficiencias, pero hay que pelear por mejorarlas, no dar todo por perdido.
1) todos necesitamos dónde vivir
2) la especulación es a largo plazo (incluso varias décadas)
3) una burbuja inmobiliaria puede arrastrar consigo un buen trozo de economía
Está claro que "cada cosa vale lo que vale", pero igual de claro está que "los ciudadanos son tontos". Si el objetivo es salvaguardar un desarrollo económico beneficioso para todos, no podemos machacar a los constructures (controlando todo), pero sí tenemos que proteger a los ciudadanos de su propia ignorancia.
Tal vez la solución fuesen más campañas educativas... pero entonces, ¿qué hacemos con los que no quieran escuchar? ¿los encadenamos por el bien superior de un desarrollo económico positivo para los demás? ¿y quién decidiría a quién encadenar?... es un dilema.
El intervencionismo produce precisamente más corporativismo. Por lo tanto estoy de acuerdo contigo: hay que eliminar el intervencionismo!
Las bubujas son fallos de información y de comunicación. La información y la comunicación son process que mejoran continuamente con el progreso humano, las telecomunicaciones, Internet, etc. Pero el intervencionismo no mejora la comunicación, más bien la dificulta, al eliminar la utilidad informativa de los precios, o imponer censura sobre la información de las empresas.