Demócratas y Republicanos han alcanzado un nuevo acuerdo en el Congreso de EE UU para reformar una ley de modo que amplíe las capacidad de los servicios de inteligencia para escuchar a los ciudadanos y abra la posibilidad de librar de responsabilidad legal a aquellas compañías telefónicas que, a petición de la Casa Blanca, pasaron a los servicios de inteligencia de EE UU grabaciones de las conversaciones de algunos de sus clientes durante la fiebre patriótica que siguió a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.