Cincuenta indígenas amontonados en un cubículo pestilente. Colchones sucios. Paredes llenas de moho. Retretes sin agua. Restos de comida esparcidos por el suelo, entre heces de gatos. Alimentación precaria. Escasez de agua potable. Cuando Jacqueline Carrijo, fiscal del Ministerio de Trabajo, entró el pasado mes de noviembre en las instalaciones de la Compañía Brasileira de Açúcar e Álcool, en Brasilândia (Mato Grosso do Sul), se le cayó el alma a los pies.
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