España es el primer país de Europa en presentar un formato de factura electrónica gratuito, abierto y garantizado por la Administración, una iniciativa que supone un ahorro de más de 15.000 millones de euros al año en trámites administrativo. Según el Ministerio de Economía y Hacienda, este ahorro es el equivalente al 1,5 por ciento del PIB español.