Aunque para algunos expertos la redacción del proyecto de directiva es ambigua, en la actualidad ni en España ni en Francia se persigue penalmente al consumidor.El Parlamento Europeo aprobó un controvertido proyecto de directiva (PDF) que prevé sanciones penales para los delitos contra la propiedad intelectual, pero lo enmendó para excluir de su campo de aplicación las actividades "no lucrativas".