"La norma le permitiría a los ex miembros de las FARC cambiar condenas de hasta 40 años por una máxima de 8, incluso para delitos atroces". Esta polémica ley, implantada en un principio para dar beneficios a paramilitares desmovilizados, fue la que le dio fama al presidente Uribe de ser permisivo con los crímenes de éstos e incluso de apoyarlos.