La suspensión de las bonificaciones fiscales, que disfrutan casi todos los países de la UE, produce que varios de los grandes astilleros se hayan quedado sin ningún proyecto nuevo durante más de un año. La crisis de actividad pone en peligro 17.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos. Para algunos analistas, la denuncia formulada por Holanda no sería más que una maniobra con la que nuestros socios neerlandeses pretenderían obtener una ventaja competitiva sobre los astilleros españoles.
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Otro desmantelamiento de la industria española para favorecer a la europea patrocinada, como siempre, por la Unión Europea.