La política ‘flexisecuritaria’, aprobada en Lisboa tanto por la UE como por la propia Confederación Europea de Sindicatos (hubo voces discordantes en su seno), trata de trasladar costes empresariales a los propios trabajadores y al conjunto de la sociedad. Mientras, los beneficios empresariales permanecen ajenos a la realidad de la crisis. Así, la propuesta es que para que no existan trabajadores con contratos temporales precarios junto y frente a trabajadores indefinidos con una mayor protección, rebajemos los derechos de éstos últimos.