Una empresa con un 49% de capital privado, que será asumido por la sociedad que se haga con la concesión, y un 51% público, lo que «garantiza que el Ayuntamiento controlará la gestión y fiscalizará todas las decisiones», como explicó la portavoz socialista, Natalia Rodríguez Picallo. La externalización fue apoyada por la UPL «sin entusiasmo, pero con responsabilidad porque no hay alternativas».