El Ayuntamiento de Madrid tiene a bien gastarse parte del dinero público en una campaña contra la prostitución dirigida a quienes usan sus servicios. Se recalca que el dinero de los clientes fomenta la explotación y la trata de blancas. La campaña oculta que la principal causa de la prostitución no consentida es la intervención pública, concretamente la prohibición de la inmigración y de las drogas. En estas circunstancias el proxeneta sustituye al cónsul y el chulo al empresario legal.
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