La proposición insta a que el Congreso proclame que «todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo», que pueden acceder a la función pública sin que el conocimiento de una lengua sea un «mérito determinante por si solo» en los concursos y que deben tener asegurado el acceso a los recursos naturales esenciales vivan donde vivan.
menéame