Salt es un municipio de 31.000 habitantes, en el que el 42% de la población es inmigrante. A pesar del alto grado de indocumentación y de los niveles alarmantes de paro, gran parte de los que integran ese porcentaje son ciudadanos plenamente asentados en la comunidad, que regentan sus propios negocios y que padecen como el resto los episodios violentos. Ahora, además, se han convertido en la diana del brote racista que asola a Salt y que se escenificó en el pleno municipal celebrado el jueves.