Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio pretende lograr lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P. Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura. Relacionada: Las organizaciones de consumidores declaran la guerra al Gobierno por "criminalizar las descargas"
