Esta decisión restringirá sustancialmente las diligencias de investigación de policías y fiscales, que antes recababan directamente esos datos de las operadoras telefónicas. Fuentes fiscales aseguraron ayer que esta nueva interpretación deja sin sentido las diligencias previas de investigación del ministerio fiscal, que ahora tendrá que acudir al juez para solicitar a través suyo identidades de titulares de teléfonos móviles y de direcciones IP de ordenadores que policías y fiscales tramitaban antes directamente con las operadoras de telefonía.