La postura del Supremo supone en la práctica que las personas que utilizan tarjetas falsas sólo pueden ser condenadas por estafa, lo que conlleva penas muy inferiores. Los hechos en los que se ha centrado el Alto Tribunal ocurrieron en agosto de 2006 en Calp. El acusado tenía en su poder tres tarjetas Visa Electron "totalmente simuladas" que utilizó para comprar más de ocho mil euros en tabaco en dos estancos de Calp y en uno de Moraira.
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