c&p-Galicia camina con retraso en el cumplimiento de las normativas europeas sobre el uso y gestión del agua. En contra de la Directiva del Agua, que fijaba 2005 como fecha límite para que todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes contasen con un sistema de tratamiento, en 2009 dos de las principales ciudades gallegas, A Coruña y Vigo, continúan vertiendo sus aguas residuales directamente al mar, y las obras hidráulicas en la comunidad caminan a contrarreloj, tratando de escapar a las sanciones impuestas desde la UE.
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Los 868 millones se distribuirán de modo que 390 se destinarán a actuaciones de saneamiento, 208 se reservarán para el medidas de abastecimiento y 47 a la mejora de márgenes, con acciones para la defensa ante inundaciones. Más de 184 irán para la explotación de estaciones depuradoras y 37 para la gestión del dominio público hidráulico, con trabajos de recuperación de vertidos y de implantación de la directiva marco sobre el agua.