El diseño original parecía sencillo: el Estado entregaba el préstamo a la Comunidad de Madrid, esta lo transfería a Madrid Network —a través de un convenio firmado en 2011 y aún en vigor— y la asociación debía ir devolviendo las cuotas anuales para que la Comunidad cumpliera con el Ministerio. Sin embargo, dicho esquema se quebró cuando Madrid Network dejó de pagar en 2018 y, desde entonces, la Comunidad ha tenido que afrontar dichas cuotas, cargando el coste al presupuesto regional.
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