Un grupo de inquilinos organizados en el Sindicato de Inquilinas irrumpe en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid para denunciar el escándalo de la subasta de viviendas públicas en manos del organismo y exigir que todas ellas se mantengan dentro del parque público de vivienda y se destinen a alquiler social permanente. La alternativa que ofrecen es: o compran las viviendas por cifras que rondan el millón de euros o se van a la calle.
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