El Consejo de Estado ha dado el visto bueno a la decisión del Ejecutivo de llevar el protocolo para los menores migrantes del Gobierno de Canarias al TC. Esta vía conlleva automáticamente la suspensión de la entrada en vigor del protocolo por un plazo de hasta cinco meses. Dicen los consejeros que "la violación del orden constitucional en que incurren tales actuaciones no se limita al ámbito puramente competencial y encierra también una vulneración de los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono".