México ha abierto un expediente sancionador a Iberdrola por supuestamente vender la electricidad producida en una planta de Monterrey que tenía autorización para autoabastecimiento, pero no para hacer negocio.
Uff... este tema del autoabasto y los PPAs en México es más complejo legalmente.
Espero que los que meneando hayan hecho el curso y me lo expliquen. Porque hice plantas renovables con ese concepto en México y me tuve que fiar de la abogada. No lo llegué a entender.
Hace ya varios lustros, cuando entró México al TLCAN (94) tenía una industria eléctrica 100% de propiedad pública. La Comisión Federal de Electricidad de financiaba sola y aún aportaba dinero a la hacienda, y tenía un sistema de tarifas progresivas que le permitieron electrificar la mayor parte del país, incluso zonas en las que no es rentable comercialmente hacerlo. No había condiciones para la privatización, pero sí se comenzó a abrir el sector a la inversión privada a través de crear esa figura de autoabasto, que fue una modificación de leyes secundarias y, en opinión de muchos, contraria al texto constitucional.
Más o menos la cosa se supone que funcionaría así: una empresa con grandes requerimientos de energía, pone una planta generadora propia y se abastece de ahí el 100% o una parte de su demanda a través de un sistema de balance neto. Se prevé la situación de que la empresa en cuestión podría tener filiales u otras plantas, así que se le permite colocar medidores especiales en cada planta donde se contabiliza la energía consumida y se descuenta de lo que la planta generadora de la empresa inyecta al sistema eléctrico. Algo así como una balance neto extendido. Se establece un costo muy bajo por el transporte de la energía, que obviamente se realiza por la red de la CFE, y no se cobra nada por otros costos que, conforme los contratos de autoabastecimiento fueron creciendo, se han vuelto enormes, como el respaldo para energías intermitentes, que corren todos a cargo de la empresa pública CFE.
Pero regresemos. La empresa que consiguió el contrato para autoabasto, comienza a hacer extrañas operaciones legales, crea una filial que termina siendo la titular de ese contrato de autoabasto, la vende a empresas del sector y luego se va ampliando el listado de socios en forma básicamente fraudulenta, hasta tener cientos o miles de socios, que son en realidad sus clientes en un mercado de energía de facto que es ilegal en México. Es una gran simulación en la que los clientes de las empresas que compraron esos contratos simulan ser socios, y donde el secreto para una rápida y extraordinaria ganancia es el que no tienen que pagar el transporte completo*, el balance neto trae beneficios financieros importantes por las diferencias horarias en los costos del kWh y no pagan el respaldo para energías intermitentes como eólica y solar. De ese modo, Iberdrola y otras han logrado desplazar a CFE de mercados muy importantes. A esto habría que agregar muchas otras aberraciones, pero basta decir que también CFE provee a estas empresas privadas de gas natural (que es su principal combustible) subsidiado por el Estado mexicano y que las inversiones se financiaron con préstamos de la banca pública mexicana
Ahora, sin embargo, se enfrentan a la decisión del gobierno de AMLO de revertir por todos los medios posibles esa situación. Se logró cambiar la composición de la CRE (Comisión Reguladora de Energía, órgano autónomo creado para dificultar cambios en tarifas de transmisión y similares) y se cambiaron las tarifas, pero las empresas lograron suspensiones y amparos. AMLO propuso una reforma legal y nuevamente fue detenida con suspensiones y amparos, así que en cierto modo han "obligado" al gob. federal a buscar una reforma constitucional, que no puede ser atacada en tribunales menores y en la Suprema Corte requeriría ser votada en contra con mayoría calificada de ministros, cosa que ya no tienen los conservadores. Al mismo tiempo, el gobierno de AMLO está negociando con el gobierno de EEUU su apoyo para esta reforma, que hace poco elogió el embajador, para reducir el riesgo de ir en condición desventajosa a tribunales o arbitrajes internacionales. A final de cuentas, de las grandes empresas que se hicieron con casi la mitad del negocio energético en México, casi no hay ninguna de EEUU y eso facilita mucho la negociación
* Desde el inicio se establecieron tarifas muy bajas, pero una modificación en el 2009 las dejó mucho más bajas aún, y como premio a eso Iberdrola contrató a la Secretaría (Uds. dirían Ministra) de Energía y al mismo expresidente Calderón
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Uff... este tema del autoabasto y los PPAs en México es más complejo legalmente.
Espero que los que meneando hayan hecho el curso y me lo expliquen. Porque hice plantas renovables con ese concepto en México y me tuve que fiar de la abogada. No lo llegué a entender.
#2 A ver si te puedo ayudar.
Hace ya varios lustros, cuando entró México al TLCAN (94) tenía una industria eléctrica 100% de propiedad pública. La Comisión Federal de Electricidad de financiaba sola y aún aportaba dinero a la hacienda, y tenía un sistema de tarifas progresivas que le permitieron electrificar la mayor parte del país, incluso zonas en las que no es rentable comercialmente hacerlo. No había condiciones para la privatización, pero sí se comenzó a abrir el sector a la inversión privada a través de crear esa figura de autoabasto, que fue una modificación de leyes secundarias y, en opinión de muchos, contraria al texto constitucional.
Más o menos la cosa se supone que funcionaría así: una empresa con grandes requerimientos de energía, pone una planta generadora propia y se abastece de ahí el 100% o una parte de su demanda a través de un sistema de balance neto. Se prevé la situación de que la empresa en cuestión podría tener filiales u otras plantas, así que se le permite colocar medidores especiales en cada planta donde se contabiliza la energía consumida y se descuenta de lo que la planta generadora de la empresa inyecta al sistema eléctrico. Algo así como una balance neto extendido. Se establece un costo muy bajo por el transporte de la energía, que obviamente se realiza por la red de la CFE, y no se cobra nada por otros costos que, conforme los contratos de autoabastecimiento fueron creciendo, se han vuelto enormes, como el respaldo para energías intermitentes, que corren todos a cargo de la empresa pública CFE.
Pero regresemos. La empresa que consiguió el contrato para autoabasto, comienza a hacer extrañas operaciones legales, crea una filial que termina siendo la titular de ese contrato de autoabasto, la vende a empresas del sector y luego se va ampliando el listado de socios en forma básicamente fraudulenta, hasta tener cientos o miles de socios, que son en realidad sus clientes en un mercado de energía de facto que es ilegal en México. Es una gran simulación en la que los clientes de las empresas que compraron esos contratos simulan ser socios, y donde el secreto para una rápida y extraordinaria ganancia es el que no tienen que pagar el transporte completo*, el balance neto trae beneficios financieros importantes por las diferencias horarias en los costos del kWh y no pagan el respaldo para energías intermitentes como eólica y solar. De ese modo, Iberdrola y otras han logrado desplazar a CFE de mercados muy importantes. A esto habría que agregar muchas otras aberraciones, pero basta decir que también CFE provee a estas empresas privadas de gas natural (que es su principal combustible) subsidiado por el Estado mexicano y que las inversiones se financiaron con préstamos de la banca pública mexicana
Ahora, sin embargo, se enfrentan a la decisión del gobierno de AMLO de revertir por todos los medios posibles esa situación. Se logró cambiar la composición de la CRE (Comisión Reguladora de Energía, órgano autónomo creado para dificultar cambios en tarifas de transmisión y similares) y se cambiaron las tarifas, pero las empresas lograron suspensiones y amparos. AMLO propuso una reforma legal y nuevamente fue detenida con suspensiones y amparos, así que en cierto modo han "obligado" al gob. federal a buscar una reforma constitucional, que no puede ser atacada en tribunales menores y en la Suprema Corte requeriría ser votada en contra con mayoría calificada de ministros, cosa que ya no tienen los conservadores. Al mismo tiempo, el gobierno de AMLO está negociando con el gobierno de EEUU su apoyo para esta reforma, que hace poco elogió el embajador, para reducir el riesgo de ir en condición desventajosa a tribunales o arbitrajes internacionales. A final de cuentas, de las grandes empresas que se hicieron con casi la mitad del negocio energético en México, casi no hay ninguna de EEUU y eso facilita mucho la negociación
* Desde el inicio se establecieron tarifas muy bajas, pero una modificación en el 2009 las dejó mucho más bajas aún, y como premio a eso Iberdrola contrató a la Secretaría (Uds. dirían Ministra) de Energía y al mismo expresidente Calderón
¿A alguien se le olvido enviar el "sobre" al politico de turno? Cashissss