Hace 8 años | Por croucho a 20minutos.es
Publicado hace 8 años por croucho a 20minutos.es

Circulaba a 113 km/h por una zona en la que debía ir a 80 km/h, lo que le supuso una multa de 300 euros y la retirada de dos puntos del carné. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dejado sin efecto esta sanción al no aplicar los márgenes de error. "Esa velocidad fidedigna que sale en la pantalla del cinemómetro no es la real", sostiene el fallo judicial.

Comentarios

w

Se pasan por el FORRO la Ley, aplicando el margen de error SOLO para el "salto" del radar, pero no para el cálculo del diferencial de velocidad que genera la multa. MILES AL DIA, nos mean encima, y sonreimos.

Asecas

#4 De algo tienen que vivir las empresas que te venden seguros antimultas, estas cosas son de sobras conocidas pero a muchos lobbys les conviene que siga así.

D

#5 no se qué ha pasado. Perdón por el negativo

Dikastis

#2 Si, lo he leido, pero aún siendo la sanción incorrecta hay, de facto, un exceso de velocidad y, por tanto, le correpondería otra sanción, se entiende que menor, con lo cual la pregunta es si esa nueva sanción se le pone... y si no se le pone, ¿por qué no?

Dikastis

Anulan la multa porque no constan los datos correctos, vale... Aún así, quitando el margen de error iba pasado y por tanto ¿le ponen la multa correspondiente o se cierra el tema?

croucho

#1 Dejan sin efecto la sanción y condenan en costas a la DGT

D

Y cuanto cuesta recurrir una multa?

DonaldTrump

#3 Esa es la pregunta.
Y no sólo en tasas para recurrirla. Normalmente tienes que pedir un día en el trabajo, o al menos unas horas, a menudo ir al centro de la ciudad, con lo que ello conlleva de coches, parkings o en su defecto transportes públicos, tráfico, etc. Todo ello unido al estrés y preguntándote si realmente valdrá la pena.

D

Un estado fallido es aquél en el que la Administración incumple sistemáticamente sus propias leyes como en España. Los españoles estamos totalmente indefensos ante la Administración que usa las leyes torticeramente en contra de los propios administrados.