Ya les hablé, a comienzos de año, de mi loco deseo de que el legislador arreglase el desmán normativo que existe a la hora de intervenir evidencias digitales en causas criminales. Una de las últimas manifestaciones del descontrol con el que tienen que lidiar nuestros jueces, a la hora de hacerse con pruebas electrónicas, lo hemos visto al hilo de una cuestión relativamente secundaria. Me refiero, por supuesto, a la tan traída y llevada grabación clandestina de la declaración de la infanta doña Cristina de Borbón.