La resolución adoptada para negar a la viuda de Sánchez Bravo la indemnización a la que tiene derecho, es simplemente canallesca. Sánchez Bravo, Baena Alonso y García Sanz, fueron asesinados después de un juicio farsa en el que se les negó toda posibilidad de defensa, en el que los “jueces” militares no admitieron ninguna prueba, ni testimonio.
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