El ministro de Defensa y ex titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fue el primero en justificar los más de 61 millones de pesos derrochados en el mayor fracaso judicial del gobierno de Sebastián Piñera que incluyó la presentación de pruebas falsas, testigos protegidos, declaraciones dictadas, escuchas ilegales y violaciones a la presunción de inocencia a través de los medios de comunicación.