Los detalles: El tribunal que ha juzgado el caso señala que no se advierte "ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga".

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por dos familiares de una menor tutelada en Cuenca y ha reconocido su derecho a intervenir en el proceso judicial relacionado con su adopción, al considerar que poseen un “interés legítimo” en el caso.

El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista para estudiar diferentes solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado --como recurrentes y para que expongan sus argumentos contra la regularización-- a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Justicia confirma que Santander debe responder por ocho sanciones de 10,4 millones cada una impuestas a Banco Popular por blanqueo de capitales. La decisión judicial desestima el recurso de casación presentado por la entidad presidida por Ana Botín contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, consolidando el criterio de que la entidad absorbente debe responder por las responsabilidades jurídicas de la absorbida.

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección

La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 1582/2026) ha caído como un jarro de agua fría sobre el sistema de protección de los trabajadores en España

El Supremo de Estados Unidos desactivó este miércoles una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las grandes conquistas de la era de los derechos civiles. En una votación (6-3) en la que el bloque conservador hizo valer su supermayoría, el tribunal dio la razón a los demandantes contra el Estado de Luisiana por haber creado un segundo distrito de mayoría negra. Para ello, sus legisladores se ampararon en la sección segunda de la norma, que quedó cercenada con el fallo del alto tribunal.

La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.

Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que le entregue el material requisado durante el 1-O para su custodia, alegando su condición de expresidente y su papel en ese acontecimiento. Solicita además suspender cautelarmente su destrucción, al considerar que estos objetos tienen un alto valor institucional, político e histórico y forman parte de la memoria democrática de Cataluña, por lo que su pérdida sería irreparable.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó los argumentos de la ACLU y determinó que la norma no viola la Primera Enmienda. Aún así, la batalla judicial continúa y el caso podría llegar a la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid, manteniendo así firme la sentencia que anuló parte de la ordenanza conocida como Madrid 360, que regula las zonas de bajas emisiones. La denuncia ha sido promovida por el Grupo Municipal Vox (en el Ayuntamiento de Madrid), el Grupo Parlamentario Vox (Asamblea de Madrid) y el Partido Político Vox, quienes pidieron dejar sin efecto la Ordenanza n.º 10/2021 sobre movilidad sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021.

Las empresas podrán exigir a partir del lunes reembolsos por los aranceles que el presidente Donald Trump impuso y que luego fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El Gobierno asturiano planteará una recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la prórroga de 50 años aprobada en el año 2000 para el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación con la Meseta, después que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica. Según ha anunciado el consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, el Ministerio ha respondido este miércoles a este emplazamiento.

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que suspenda cautelarmente el real decreto...

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

El Alto Tribunal aclara que, aunque la pensión se reconozca con efectos retroactivos, esos importes no se reparten entre los ejercicios anteriores, sino que se imputan al año en que la resolución judicial adquiere firmeza. El Tribunal Supremo establece que los atrasos de una pensión por incapacidad deben tributar en el IRPF en el año en que la sentencia adquiere firmeza, aunque el reconocimiento de la prestación tenga efectos retroactivos desde ejercicios anteriores. En la sentencia, el Alto Tribunal da la razón a Hacienda y deja claro que, cua

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha declarado por escrito este martes ante el Tribunal Supremo, en la primera jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, que cuando era presidenta del Gobierno balear durante los primeros meses de la pandemia no dio ninguna orden para contratar con la empresa de la trama Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

El exministro socialista, su exasesor y un comisionista comparten banquillo en una vista en la que declararán ministros, exparejas y ex altos responsables de Transportes. Se juzga un presunto 'pelotazo' de más de 16 millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de propiedades para él y una de sus parejas, que además obtuvo contratos en la

El líder del PP, sin saberlo, pone el dedo en la llaga: los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena mantienen al expresident en una cerca judicial. Pero son del Supremo, no del Constitucional. El líder del PP, que se niega a renovar los cuatro magistrados cuyos mandatos en el Tribunal Constitucional ya han vencido, inventa una interferencia del presidente del Gobierno cuando siete recursos de amparo, incluido el del expresident, están pendientes a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)...

El Supremo ha amparado a un pensionista de León al que se le hurtó la posibilidad de beneficiarse de la ley de segunda oportunidad y eliminar una deuda de 20.000 euros que mantiene con hasta nueve entidades de crédito. El Alto Tribunal corrige a la Audiencia Provincial y reconoce que no puede atribuirse a este hombre mala fe, ya que se vio 'entrampado' económicamente para ayudar a su hija y sus nietos, dada la precaria situación económica en la que se encontraron en plena pandemia de covid.

El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo.