En momentos tan convulsos económicamente como los actuales y con miles de puestos de trabajo en la cuerda floja, los trabajadores miden sus fuerzas para tratar de defender sus derechos ante el empresario, pero se olvidan de que éste también tiene sus propias armas...
En España el artículo II-88 de la ley que regula la actividad de las empresas y las relaciones laborales, indica lo siguiente:
Los trabajadores y los patrones, o sus organizaciones sindicales, tienen, de acuerdo con el derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales, el derecho a negociar y concluir convenios colectivos y a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.
Esta posibilidad ha sido modificada por sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional.
Los empresarios podrán proceder al cierre del centro de trabajo, según el art. 12.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, cuando concurran las circunstancias siguientes. No es necesario, como ha entendido el Tribunal Supremo, que concurran de manera conjunta, ya que se trata de supuestos autónomos:
STS 14 de enero de 2000 (Ar. 977) y STS 17 de enero de 2000 (Ar. 1429).
1) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas
Corresponde al empresario la prueba de la autenticidad de la existencia del notorio peligro de violencia o daño, sin que valgan meras sospechas, ya que, normalmente, las huelgas no son violentas, aunque los ánimos pueden llegar a encresparse en muchos momentos del conflicto.
Sólo puede ser estimado lícito cuando los peligros sean realmente ciertos y graves, y cuando contra ellos no pueda actuar el empleador sólo o ayudado por otros mecanismos legales, para evitar la violencia contra las personas o los daños contra las cosas. Consiste, como entiende el Tribunal Supremo, de velar “por la seguridad de la integridad física de las personas y por la salvaguardia de los bienes materiales”.
STS 14 de enero de 2000 (Ar. 977) y STS 17 de enero de 2000 (Ar. 1429).
2) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca
La permanencia de los huelguistas en el centro de trabajo o en cualquiera de sus dependencias está prohibida, aunque no exista, ánimo de llegar a cometer conductas delictivas por parte de los trabajadores. Sin embargo, esta regulación debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Por ocupación hay que entender un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una legítima orden de abandono, pero no en cambio la simple permanencia en los puestos de trabajo.
Por esta razón, fuera de los casos en que es una decisión aconsejada por la preservación del orden, la interdicción de la ocupación de locales no encuentra una clara justificación. Dicho de otra manera, sólo será ilegal este cierre cuando impida la modalidad de huelga lícitamente elegida o el ejercicio de otro derecho como el de reunión.
3) Si el volumen de la inasistencia o irregularidades del trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción
Esta causa ha de ser interpretada restrictivamente ya que puede ser una vía por la cual se proceda al cierre no sólo ante huelgas ilegales, sino frente a huelgas que sin incidir sobre la totalidad del personal de la empresa, y siendo legales, inciden en el proceso normal de producción.
Por esta razón, la anormalidad ha de ser suficientemente grave e impeditiva del trabajo de la totalidad de los trabajadores (STS 31 de marzo de 2000, Ar. 7403). Ahora bien, incluso en este sentido se requiere una interpretación restrictivamente, de manera que no cabe acudir al cierre por esta causa cuando con dicha medida se vacíe de contenido o se impida el derecho de huelga, o incluso el derecho al trabajo de los no huelguistas.
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Cierre patronal? http://es.wikipedia.org/wiki/Cierre_patronal
En España el artículo II-88 de la ley que regula la actividad de las empresas y las relaciones laborales, indica lo siguiente:
Los trabajadores y los patrones, o sus organizaciones sindicales, tienen, de acuerdo con el derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacionales, el derecho a negociar y concluir convenios colectivos y a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.
Esta posibilidad ha sido modificada por sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional.
Los empresarios podrán proceder al cierre del centro de trabajo, según el art. 12.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, cuando concurran las circunstancias siguientes. No es necesario, como ha entendido el Tribunal Supremo, que concurran de manera conjunta, ya que se trata de supuestos autónomos:
STS 14 de enero de 2000 (Ar. 977) y STS 17 de enero de 2000 (Ar. 1429).
1) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas
Corresponde al empresario la prueba de la autenticidad de la existencia del notorio peligro de violencia o daño, sin que valgan meras sospechas, ya que, normalmente, las huelgas no son violentas, aunque los ánimos pueden llegar a encresparse en muchos momentos del conflicto.
Sólo puede ser estimado lícito cuando los peligros sean realmente ciertos y graves, y cuando contra ellos no pueda actuar el empleador sólo o ayudado por otros mecanismos legales, para evitar la violencia contra las personas o los daños contra las cosas. Consiste, como entiende el Tribunal Supremo, de velar “por la seguridad de la integridad física de las personas y por la salvaguardia de los bienes materiales”.
STS 14 de enero de 2000 (Ar. 977) y STS 17 de enero de 2000 (Ar. 1429).
2) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca
La permanencia de los huelguistas en el centro de trabajo o en cualquiera de sus dependencias está prohibida, aunque no exista, ánimo de llegar a cometer conductas delictivas por parte de los trabajadores. Sin embargo, esta regulación debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Por ocupación hay que entender un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una legítima orden de abandono, pero no en cambio la simple permanencia en los puestos de trabajo.
Por esta razón, fuera de los casos en que es una decisión aconsejada por la preservación del orden, la interdicción de la ocupación de locales no encuentra una clara justificación. Dicho de otra manera, sólo será ilegal este cierre cuando impida la modalidad de huelga lícitamente elegida o el ejercicio de otro derecho como el de reunión.
3) Si el volumen de la inasistencia o irregularidades del trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción
Esta causa ha de ser interpretada restrictivamente ya que puede ser una vía por la cual se proceda al cierre no sólo ante huelgas ilegales, sino frente a huelgas que sin incidir sobre la totalidad del personal de la empresa, y siendo legales, inciden en el proceso normal de producción.
Por esta razón, la anormalidad ha de ser suficientemente grave e impeditiva del trabajo de la totalidad de los trabajadores (STS 31 de marzo de 2000, Ar. 7403). Ahora bien, incluso en este sentido se requiere una interpretación restrictivamente, de manera que no cabe acudir al cierre por esta causa cuando con dicha medida se vacíe de contenido o se impida el derecho de huelga, o incluso el derecho al trabajo de los no huelguistas.
Solicita un ERE, cierra y deslocaliza la empresa a otro país. Se está haciendo todos los días.
Yo envido ...
#1 ¿Envidas en mus que es apostar 2 o envidas en poker que es apostar tu resto?
Pues se le riega.
Pues se expropia y se colectiviza.