La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha declarado por escrito este martes ante el Tribunal Supremo, en la primera jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, que cuando era presidenta del Gobierno balear durante los primeros meses de la pandemia no dio ninguna orden para contratar con la empresa de la trama Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas.

El exministro socialista, su exasesor y un comisionista comparten banquillo en una vista en la que declararán ministros, exparejas y ex altos responsables de Transportes. Se juzga un presunto 'pelotazo' de más de 16 millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de propiedades para él y una de sus parejas, que además obtuvo contratos en la

El líder del PP, sin saberlo, pone el dedo en la llaga: los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena mantienen al expresident en una cerca judicial. Pero son del Supremo, no del Constitucional. El líder del PP, que se niega a renovar los cuatro magistrados cuyos mandatos en el Tribunal Constitucional ya han vencido, inventa una interferencia del presidente del Gobierno cuando siete recursos de amparo, incluido el del expresident, están pendientes a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)...

El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha avalado que la recusación era el cauce legal adecuado para denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, un pronunciamiento que refuerza la tesis de que el proceso quedó viciado desde el momento en que se adelantó el fallo condenatorio. Así lo sostiene el abogado canario José Manuel Rivero.

Los fundamentos de derecho empleados para condenar a los exministros siguen sin hacerse públicos y las sentencias, sin ratificar. Más de un año sin ratificar las sentencias. Es la situación que ha dilatado la Sala II del Tribunal Supremo con el exministro de Economía Rodrigo Rato y el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. Hace ya más de un año que ambos expopulares fueron condenados por la Sección Séptima y Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid respectivamente por delitos de blanqueo de capital

La sala de lo contencioso-administrativo estima la medida cautelar que solicitó la Comunidad de Madrid y replica la decisión que tomó respecto de los menores de Canarias, aunque en este caso no haya una "situación de hacinamiento"

En la película El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), el malo, interpretado por Lee Van Cleef, se llama Sentencia, afortunadísimo nombre para villano vista la del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Han estado redactando quince días la justificación de un fallo que ya habían hecho público porque se tomaron en serio lo de que empiece ya que el público se va, supongo. Voy a enseñar solo un trozo de prosa de la pluma de estos genios citándose a sí mismos. Sí, me he leído la sentencia. Tengo mucho tiempo libre.

Por fin hemos leído la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelar datos reservados. Antes que nada, lo que uno encuentra es un texto que daña gravemente la credibilidad de la justicia española y de todo nuestro sistema democrático.

Los dos votos en contra de la condena a Álvaro García Ortiz rebaten todos los argumentos de la mayoría de cinco magistrados, con tesis irreconciliables sobre la solidez de los indicios para atribuirle la filtración del correo o si el contenido de este era todavía un secreto cuando fue publicado

El Gobierno ha decidido tomarse con ironía e incluso algo de burla los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo para condenar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Conocida la sentencia, que el Ejecutivo insiste en que acata, tanto es así que ya ha nombrado a una nueva fiscal general, Teresa Peramato, al menos dos ministros se han tomado casi a broma los argumentos, especialmente el hecho de que cinco de los siete jueces ―las otras dos han emitido un voto particular― den por probado que García “o alguien de su..

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia...

La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX. Al aceptar la apelación, la corte está abordando directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos .

La resolución completa, así como el voto particular de dos magistradas que apuestan por la absolución, establecerá los términos concretos de la condena de inhabilitación del exfiscal general y marcará el camino de su futuro recurso ante el Constitucional. El Tribunal Supremo tiene previsto hacer pública en los próximos días su sentencia más relevante del último lustro: la que ha condenado e inhabilitado a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una resolución de la que, por .....

La filtración de la noticia de que Martínez Arrieta iba a hacer la sentencia, es decir, que Martínez Arrieta asumía la ponencia que correspondía a la magistrada Polo, tiene dos componentes. El primero es una revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal) ya que las deliberaciones son secretas. El segundo es que al asumir la ponencia Martínez Arrieta aportaba un dato fundamental. Y es que si Martínez Arrieta asumia la ponencia eso quería decir que se estaba operando un cambio en el Tribunal

El Tribunal Supremo, el máximo tribunal de Francia, ha confirmado este miércoles la condena del expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de campañas en el que es su último problema legal tras haber sido encarcelado recientemente durante casi un mes por otro caso de corrupción y tráfico de influencias. Fue condenado definitivamente por el Tribunal Supremo, aunque él siempre ha negado cualquier irregularidad.

Dolores Delgado ha sido el principal caballo de batalla de la derecha judicial contra la gestión de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. García Ortiz la aupó antes a Fiscal de Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, pero la sala de lo contencioso-administrativo también anuló esta decisión y acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Esta sentencia sirvió de munición a los vocales del Poder Judicial elegidos por el PP para rechazar la idoneidad de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado.

[HEMROTECA] El alto tribunal estima en su auto, recogido por Europa Press, que "es difícil hablar de secreto o de datos reservados en relación con episodios o incidencias --los expedientes disciplinarios que se le han abierto-- que han sido aireadas, difundidas y divulgadas por quien invoca esa confidencialidad"

Pedro Sánchez ha manifestado su discrepancia con el fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, por un delito de revelación de datos reservadosTras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia".

Estamos entrando en una auténtica juristocracia corrupta. Los jueces se arrogan el poder político cuando les interesa.

Con el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, formalmente condenado por revelación de secretos -aunque cabe intermediación de recurso-, el juicio mediático y político que se ha sucedido en los últimos meses ha finalizado en un escenario en el que el bulo reconocido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha ganado la batalla en el ámbito judicial; todo ello frente a los testimonios de distintos periodistas y pruebas de distinta índole que probaban que el correo pudo ser

La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.