Durante 15 años, España hizo oídos sordos a la directiva europea que obligaba a las bibliotecas públicas a pagar un canon a los autores cuyas obras prestaban. En 2007, después del tirón de orejas de la Comisión Europea y ante la inminencia de una multa que se calculó entonces en 110 millones de euros, el Gobierno la integró en nuestra legislación para empezar a aplicarla. Pero salvo ese primer año, en que el Ministerio de Cultura se hizo cargo del pago, la inmensa mayoría de administraciones autonómicas y municipales han hecho caso omiso.
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Es un canon injusto.