La Delegación del Gobierno central en las Islas, los sindicatos y los grupos políticos de la oposición acusaron ayer al Ejecutivo regional de crear "alarma social" entre la población más desfavorecida al amenazar con cobrar los servicios médicos a los parados que no tengan en regla su tarjeta sanitaria, cuando, a su juicio, debe ser el propio Servicio Canario de Salud (SCS) el que realice esos trámites administrativos.