El Gobierno logra que el Constitucional admite a trámite su recurso contra la ley cántabra que proíbe el fracking. Bajo la divergencia subyace el problema de a quien compete autorizar o denegar permiso para el fracking, es decir, al Gobierno central o a los autonómicos. Pero, en cualquier caso, todo indica que el empecinamiento del Ministerio de Industria y del Gobierno de Rajoy en facilitar las prospecciones y ulteriores extracciones a las transnacionales canadienses, estadounidenses y británicas de dudosos intereses puede provocar el agravami
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