La inacción del gobierno municipal de Ada Colau provoca que algunos residentes de Barcelona se tomen la justicia por su mano. El último de estos casos, según han explicado vecinos del barrio, ocurrió la pasada semana en la antigua zona de pescadores de la Ciudad Condal. Un grupo de vecinos identificó a varios de los habituales ladrones al descuido que acechan a los turistas --y, a veces, a los propios vecinos-- de la saturada área de la capital catalana. A renglón seguido, los acorralaron en un portal y los agredieron.
El Gobierno socialista ha vetado una proposición de ley de Ciudadanos que exige la publicación on line de todos los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. Es el primer veto del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, que hizo un casus belli contra los vetos de Mariano Rajoy durante su etapa en la oposición. Y se conoce precisamente en plena crisis por el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.
El Ayuntamiento ha callado que la Justicia le obliga a entregar a Funespaña los dividendos que le corresponden y que se apropió cuando hizo pública la Funeraria. La empresa auditora subraya en su informe, además, el hecho de que las tres demandas interpuestas por el exsocio contra la sociedad municipal «pueden tener un impacto significativo en la situación financiero-patrimonial de la entidad». Se quedó así con 47,4 millones de euros sin dar a Funespaña los 23 millones que le correspondían al pertenecerle el 49% de la compañía.
Los jóvenes de Societat Civil han sufrido este lunes un ataque los “Carrer Borroka“, en la carpa que han instalado hoy en la UAB para promocionar el acto de mañana en la misma universidad. Unos totalitarios armados con palos han cargado contra la carpa y los jóvenes que en esos momentos se encontraban en la misma y portando una música a todo volumen en la que se podía escuchar lindezas como “antiespañol”.
Este miércoles ha muerto Antonio García-Trevijano, pensador, jurista, abogado, teórico político e histórico opositor a la dictadura franquista. Trevijano, de 90 años, procedía de una familia de tradición política de la provincia de Granada y se conformó durante finales de la dictadura franquista y en la transición política como uno de los activistas más destacados a favor de la República.
Los trabajadores con sueldos más bajos han experimentado subidas salariales, mientras que directivos y rentas altas han registrado caídas. En contra de lo que cabría esperar, ninguno de los partidos políticos o sindicatos se ha molestado en analizar esta bajada con detenimiento para ver qué parte de la distribución salarial sube y cuál se reduce. Ése es justamente el propósito del siguiente gráfico, en el que se muestra el salario medio bruto mensual por deciles de la distribución salarial en 2015 y en 2016.
Arabia Saudí está ultimando sus planes para construir otra macromezquita en España. El Centro Cultural Islámico de Madrid, la entidad vinculada a ese país que gestiona el templo de la M-30, ha culminado la redacción del proyecto para levantar la nueva mezquita de Las Palmas de Gran Canaria en una parcela pública cedida por la Concejalía de Urbanismo de la ciudad, controlada por Podemos.
En total, la Associated Press informó de que al menos cinco personas fueron atacadas. Un reportero del AP fue testigo de los asaltos. El Teniente Joe Okies de la Policía de Berkeley dijo al Washington Post que la manifestación resultó en "13 arrestos en una serie de cargos incluyendo agresión con un arma mortal, obstrucción de un oficial de policía y varias violaciones del código municipal de Berkeley".
El antiguo diplomático ha sugerido que, una vez el ISIS sea derrotado, si Irán ocupa el territorio liberado el resultado podría llevar a la emergencia de un nuevo imperio. A sus 94 años, el que fuera Secretario de Estado bajo el mandato del presidente Richard Nixon, también habló de las dificultades en adscribirse a un bando en Oriente Medio
Medio centenar de empresas de ingeniería catalanas integraron durante años un cártel de espaldas a la Administración que pactó precios en los concursos públicos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. Una práctica completamente prohibida tanto por la legislación española como por las normas europeas de competencia. El resultado, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue un perjuicio millonario para las arcas públicas que se prolongó al menos entre 2007 y 2011.