asaase

Quizá con una unión de partidos minoritarios que quieren un cambio real en la política española, que desean una verdadera transición política (con todo lo que ello conllevaría: política fiscal, económica, social, etc.), se podría hacer algo interesante. Ahora solo podemos conformarnos con que haya algún diputado que les saque los colores de vez en cuando al PPSOE, aunque no sirva de gran cosa.

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Da miedo la sociedad que estamos dejando, y no para de empeorar. Y todavía hay gente que no entiende a quienes se indignan e intentan luchar por un mundo más justo.

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Independientemente de la posición política que adoptemos, deberíamos estar de acuerdo todos en que un Estado social y democrático de Derecho, como en el que supuestamente vivimos, debería asegurar una educación de calidad igual para todas las personas, independientemente de los recursos económicos de que disponga.
Si tenemos en cuenta artículo 27.1 de nuestra Constitución, que dice que todos tienen derecho a la educación, y lo combinamos con el mandato recogido en el artículo 9.2 de la misma norma (que establece que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"), los poderes públicos no deberían favorecer que se produzcan estas situaciones de desigualdad en las que las familias con mayores recursos económicos pueden dotar a sus hijos de una mejor educación, condenando a las familias sin posibilidades económicas a una educación pública residual y de pésima calidad.
Además, si bien es cierto que la Constitución reconoce el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, también dice claramente que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Por estos motivos creo que la educación básica y obligatoria debería ser pública en todo caso, dotando al sistema público de los recursos necesarios para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y una enseñanza de calidad que redundará en beneficio de toda la sociedad española.
Perdón por la chapa.

asaase

¿Pero hasta dónde van a llegar con los planes de austeridad? Hasta que los Estados solo mantengan su función represiva y recaudatoria (recaudatoria lo justo para mantener a las fuerzas represivas). Para todo lo demás: Mastercard.