El juez Fernando Grande-Marlaska ha solicitado al magistrado Ismael Moreno, que es el juez decano de los de instrucción de la Audiencia Nacional, que avale su competencia para tramitar la querella interpuesta ayer ante su juzgado por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra ocho dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por un supuesto delito de integración o colaboración con ETA, al considerar que este partido es sucesor de la ilegalizada Batasuna.
Una pintura abstracta de Mark Rothko puesta en venta por el filántropo David Rockefeller se ha convertido en la obra de arte contemporáneo más cara adjudicada en una subasta. Su precio definitivo se ha fijado en 54 millones de euros. Casi nada...
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, ha pedido a la Justicia "que avance" en la nulidad de los indultos concedidos en la década pasada a ex comandantes de la dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad. Kirchner hizo esa petición "como ciudadano", en vista de que ya están anuladas "las lamentables leyes de Obediencia Debida y Punto Final", emitidas en los años 80 y que habían beneficiado a un millar de represores.
El informe final sobre la prueba pericial de los explosivos del 11-M ya está listo y será entregado mañana al Tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez. Ocho peritos –cuatro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros cuatro nombrados por las partes personadas en el proceso- han elaborado un extenso informe de casi 1.000 páginas. A pesar de que existen algunas discrepancias entre estos especialistas en mínimos aspectos, si hay algo que se confirme definitivamente es el uso de Goma 2 en los explosivos.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer en un mitin que, siendo él fiscal jefe de Madrid en 2003, le prohibieron investigar el caso Tamayo , aquella sospechosa fuga de dos diputados tránsfugas socialistas que impidieron un Gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid. Bermejo no precisó quién dio la orden de no investigar, aunque sólo tenía facultad para hacerlo el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno del PP.