El problema de la cementera incineradora de Lafarge, situada en Montcada i Reixac (Barcelona), afecta a diferentes municipios. La Llagosta, Barbera del Vallès, Ripollet, Cerdanyola, Santa Coloma, y de Barcelona en los distritos de Nou Barris y Sant Andreu del Palomar. Su contaminación y los problemas de salud derivados afectan más allá del municipio de Montcada i Reixac.
Es por ello que se inició la Acusación Popular que necesita hoy del apoyo de todas. Hemos avanzado un pequeño paso, pero aún queda camino por recorrer.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña canceló el 16 de septiembre la declaración de impacto ambiental que Lafarge pidió para incinerar residuos en su cementera de Montcada i Reixac. El Tribunal esgrime que el Departamento de Medio Ambiente la aprobó el mismo día que daba la autorización de actividad y esto hizo que no hubiera tiempo suficiente para que la aprobación fuera publicada y se pudiera abrir periodo de alegaciones. La sección tercera del TSJC ha resuelto un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos del barrio de Can Sant Joan, que además de la falta de participación ciudadana citaba hasta trece motivos más para tumbar la licencia ambiental. La Asociación pide al TSJC que cierre de inmediato la fábrica y haga cumplir la sentencia y estudia denunciar la Generalitat por prevaricación ante la Oficina Antifraude y, porque según denuncian, ha obstaculizado la defensa del vecindario escondiendo documentos o no dando respuesta a sus requerimientos. El TJSC remarca en la sentencia que la publicación de la declaración de impacto ambiental no es "un mero requisito formulario, sino que debe llevarse a cabo por el general conocimiento de los interesados y afectados". Aún así, Lafarge, que no contempla dejar de incinerar, recurrirá al Tribunal Supremo una sentencia que según dicen sólo impugna "un defecto de forma en el proceso administrativo".
El vecindario de Can Sant Joan denuncia desde 2007 que la actividad de la fábrica de cemento Lafarge-Asland perjudica la salud y el medio ambiente. Manifestaciones, charlas, asambleas y, incluso, un cuento hecho por los chiquillos de Moncada que cuenta la historia de San Jorge y el Monstruo del Cemento han servido para hacer frente a una fábrica instalada en la entrada de Barcelona desde hace décadas. La fábrica se encuentra a 200 metros de las primeras viviendas y de un colegio, un campo de fútbol y varias barriadas de Moncada. Si ampliamos el radio a un kilómetro se encuentra el Ayuntamiento, el CAP, otras escuelas y buena parte de los habitantes del municipio. José Luis Conejero, portavoz de la Plataforma contra la Incineración de Montcada i Reixac, dice que "la fábrica de cemento emite partículas muy finas que provocan la contaminación del aire y genera un fuerte olor", fruto de la nueva línea de negocio que Lafarge inició con la llegada de la crisis. Lafarge obtuvo en 2008 la autorización ambiental del consejero de Medio Ambiente del Tripartito Francesc Baltasar (ICV-EUiA) para quemar residuos como alternativa a los combustibles fósiles y, así, poder hacer funcionar los hornos.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el sector vio en la combustión de residuos una oportunidad para diversificar el negocio ante la bajada de los ingresos-de un 80% - para la producción de cemento y para ahorrar en combustible convencional. La nueva actividad tiene un beneficio neto para las cementeras: en cuanto a los costes, reducen el precio de compra de combustibles fósiles y evitan gastos asociados a la emisión de dióxido de carbono, y en cuanto a los ingresos, reciben dinero público por cada tonelada de residuos que eliminan. "Un negocio redondo", en palabras de Mercè Girona, miembro del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA). El ecologista arremete contra estas operaciones: "es la peor tecnología, la menos eficiente y conlleva muchos riesgos para la salud. Las fábricas de cemento dispersan la contaminación, lo cual es muy grave, y no cumplen con las directivas europeas ". Girona plantea que la única alternativa es que las cementeras cumplan las directivas y propone la creación de una nueva ley que ponga fin a operaciones que las cementeras han puesto en marcha.
Extraido de #judicialacimentera
http://judicialacimentera.wordpress.com/
lesveusderevolta@gmail.com
@D_Revolta #LesVeusDeRevolta
El lobby del cemento mantiene los beneficios
Históricamente, existe una estrecha relación entre la industria cementera y las élites políticas. Desde el establecimiento de la primera fábrica de cemento en 1901 en Castellar de N'Hug, de la mano del empresario Eusebi Güell, grandes familias de la burguesía catalana, como los Bertran o los Molinos, o grandes fortunas de España, como las hermanas Koplowitz, se han dedicado al negocio del cemento. El elevado coste económico de la puesta en marcha de un horno de cemento ha configurado un mercado muy cerrado, reservado a grandes capitales y familias influyentes, que en España se traduce en un oligopolio repartido esencialmente en tres grandes empresas: Cementos Portland Valderribas, controlada por Esther Koplowitz y presidida por el ex de CEMEX, Jose Luis Saenz de Miera y las dos grandes empresas mundiales del sector: CEMEX, presidida por Ignacio Madridejos y controlada por un holding de capital mexicano con sede en Amsterdam, y Lafarge, presidida por Isidoro Miranda y controlada por una sociedad financiera e inmobiliaria con sede en París.
En nuestro país, hablar de cemento es hablar de CEMEX, Lafarge y Valderribas (que opera en Cataluña a través de su filial Uniland Cementera), pero también de Cementos Molins. Estas cuatro empresas son las principales productoras de cemento de Cataluña y se agrupan en la patronal Cemento Catalán, que desde 1979 vela por expandir los beneficios del sector, mientras asesora y provee de servicios diversos las empresas. La función principal de la agrupación, sin embargo, es presionar a la administración para lograr la "sintonía" de los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y Empresa y Empleo, con el que mantiene reuniones periódicas sin importar el signo del partido que esté en el Gobierno. Y lo hace con resultados. Las familias Koplowitz o Molinos han visto engordar su fortuna de manera exponencial con el fuerte crecimiento de infraestructuras, urbanizaciones y viviendas de las últimas décadas, impulsado por una política alcista de gasto de la administración pública. Sus empresas se han beneficiado de una demanda creciente y constante durante años que junto con el impulso administrativo, las ha situado en el colofón de la escala de las principales fortunas españolas y catalanas. La llegada de la crisis, sin embargo, los ha obligado a orientar el negocio a la exportación y la valorización de residuos: un nuevo mercado a exprimir, una nueva muestra de lo que la economía capitalista llama "flexibilidad".
Portada
mis comunidades
otras secciones
se nos va el Karma hacia los infiernos...