El Gobierno puede limitar la circulación de personas, intervenir industrias o requisar temporalmente bienes. El estado de alarma es una especie de artículo 155 en el territorio afectado, porque obliga a todas las autoridades civiles, los cuerpos policiales autonómicos y locales y los demás funcionarios a quedar bajo las órdenes de la autoridad competente designada por el decreto. La autoridad puede imponerles “servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.
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que os den ...MENEAME COMUNICACIONS SL