Protestar como una práctica de alto riesgo. Un derecho amenazado por un conjunto de acciones sancionadas que no quedan muy claras y que podrían costar una buena cantidad de dinero al que las incumpla; y en frente, un policía cada vez más protegido y con más poder, que ya no ha de dar explicaciones a un juez, sino a su jefe, al político de turno, quien, además, dará mayor validez a la versión del agente que a la del ciudadano. Es el panorama si, como es previsible, la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sale adelante.