Aquí pretendo exponer una experiencia personal en la que queda en evidencia el hecho de que la Ley de Propiedad Intelectual, lejos de proteger, tiene como función principal permitir que un particular pueda vulnerar los derechos de otro usando el estado en su beneficio para coaccionar en nombre del “interés general” y perjuicio del resto de la sociedad. Todo el proceso comienza cuando recibimos un burofax de una empresa de abogados especializada en propiedad intelectual.