El gobierno australiano, entretanto, sabedor de la existencia de pequeñas comunidades nómadas aborígenes que viven en el mismo territorio desértico en el que van a tener lugar las pruebas balísticas, lleva a cabo una campaña para recoger a todas esas tribus y trasladarlas a ciudades, esperando con ello lograr su asimilación. En esos tiempos no se le da mucha importancia al desarraigo cultural que ese traslado representa; de hecho, los aborígenes no tienen un estatus de personas. Para la ley, son una parte de la fauna y flora del país, y este estatus se mantendría así hasta 1967, en que una ley les dio rango de ciudadanos de pleno derecho y los incluyó por primera vez en el censo.