La derogación de la actual Ley de Lenguas de Aragón y la vuelta al texto de 2009, aprobado por el Gobierno socialista de Marcelino Iglesias, le costaría a las arcas públicas de la Comunidad 40 millones de euros, según los cálculos del PP. Es el coste de contratar traductores, de cambiar la señalización de las carreteras o el nombre de las calles, que en las zonas del Aragón Oriental estarían tanto en castellano como en catalán.