Estudios de la asociación indican que 12 de esas jóvenes embarazadas murieron por falta de atención en los centros de salud, que temen por las sanciones penales impuestas de hasta ocho años de cárcel y retiro de licencia a los médicos que practiquen o ayuden a realizar abortos, aun con fines médicos. "Lo que está ocurriendo es la práctica oficial de una pena de muerte impuesta contra las mujeres", añadió esta médica, especialista en ginecología.