Una década después de que la Cuenca Minera ardiese por el conflicto desatado ante el cierre de las minas, un auto judicial pone en tela de juicio el proceso para prejubilar a los mineros, la base sobre la que se construyó la paz social en aquel momento y acordada por UGT y CCOO con las administraciones central (gobernada por el PP) y autonómica (con el PSOE). Un pacto por el que 1.200 mineros accedían a algún tipo de ayuda, 800 de ellos a prejubilaciones. Un acuerdo que ahora se vuelve contra el PP, paradójicamente quien denunció el asunto.