En España los esfuerzos de modernización promovidos desde y para la administración, y consecuentemente para la ciudadanía, no han sido muy afortunados. Y eso que madrugamos. Ya en 1991 se aprobó por el Consejo de Ministros un Plan de Modernización de la Administración del Estado, a instancias del Ministro para las Administraciones Públicas, que culminó en 1992 con la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, entonces realmente novedosa pero en muchos preceptos inaplicable.