El TAV no sólo representa una feroz agresión al medio ambiente, sino que también incide gravemente en el propio modelo de sociedad. La ingente cantidad de fondos públicos que exigen su construcción y mantenimiento, su grave incidencia en la ordenación del territorio, su carácter elitista y exclusivo, sus graves impactos sobre la agricultura y el medio rural en general, así como su contribución a la deslocalización industrial, lo convierten en un proyecto claramente antisocial.