Es cierto que un estado de derecho no puede dejar de perseguir a los “piratas” que secuestraron a los marineros, si bien, sí la detención se produjo en aguas territoriales somalís no serían competentes las autoridades españolas. Pues de igual modo que los Fiscales y Jueces no pueden dejar de perseguir este delito, también deberían procesar a aquél empresario que dio las ordenes que, a la postre, han puesto en peligro la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de sus trabajadores.
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Destaco nota de interés:
El Estado Español y la OTAN montó un operativo militar para proteger a los barcos que circulan o pescan cerca de las costas de Somalia. Como todos los pesqueros se concentraron en la zona protegida por la Operación Atalanta, algún responsable de la empresa armadora Echebastar Fleet SLU de Bermeo (Vizcaya) y con el fin de aumentar las capturas ordenó que el barco faenara más al sur a unas 350 millas más al sur. Ya se sabe que donde hay muchos pescadores hay poco pescado.
#1 todo esto es como el tipico accidente de obrero de la construcción que no se puso el arnés por cumplir los tiempos marcados por el encargado de la obra que a su vez recibía ordenes de etc...etc..
¿Detener a un ciudadano de otro país no es un acto de guerra?