La decisión es ya firme. Tras un lustro, asegura que ya ha llegado al convencimiento de que es prácticamente imposible llevar adelante cualquier proyecto de mejora de las instalaciones o del procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta que casi todos los recursos materiales y personales con que cuenta el Poder Judicial dependen de las comunidades autónomas "y de la mejor o peor relación que mantengan con las autoridades locales".